En pueblo chico nunca faltan las dificultades ni los malos entendidos, los problemas por intrascendentes que sean se convierten a veces en litigios familiares y pasan de generación en generación con la característica denominación de “viejas rencillas”.
El Real de Santiago de las Sabinas, pequeña pero dinámica población no estaba exento de dicha problemática y así el 8 de mayo de 1818, el Teniente de Milicias Provinciales del Nuevo Reyno de León, Juan Ángel de la Ibarra, presenta querella ante el gobernador interino Francisco Bruno Barrera contra Ignacio González.
Este, Ignacio era muy conocido en el lugar por su constante embriaguez y continuas bravatas. Conocimiento popular muy arraigado es aquél que nos dice que el hombre es expansivo para hablar cuando ha bebido y González hacía cierta la sentencia latina “In vino veritas”, siendo sus provocaciones cometidas diariamente sin respeto ni miramiento a persona alguna.
Las autoridades de Monterrey temían requerir al belicoso individuo pues era hermano del presbítero Juan Antonio González, quién lo protegía y “en lugar de reprender sus excesos, lleva muy a mal cualquier acción que mire a la corrección suya”.
Las acciones del beodo no paraban allí, sino que con la venia del cura insultaba a las autoridades, en particular al alcalde y ediles; su peligrosidad aumentaba pues era muy dado a portar todo tipo de armas que blandía al estar vociferando imprecaciones.
Algún oculto móvil político había en estos aquelarres, pues no se explica la pasiva actitud del sacerdote; hay que recordar que se debatía en el país sobre la independencia del yugo colonial español y los Ibarra siempre fueron abanderados de la pobrería local, lo que les condujo a constantes enfrentamientos con los hacendados.
En esta virtud, Don José Ángel en su calidad de Jefe de Armas del Real, exigía castigo para el boquiflojo y que se abriera una sumaria secreta pues “siendo muchos los males que puede acarrear este individuo, no solo a mí como he dicho, ha provocado varias veces, sino a cualquier otro vecino honrado, por su depravada conducta”.
El Gobernador Barrera comisiona al Capitán Vicente Vedía y Pinto, vecino del Real de Vallecillo para que proceda a realizar las averiguaciones, con arreglo a las acusaciones y hechos imputados a Ignacio González.
Vedía y Pinto escribe al mandatario el 30 de mayo de ese año: “La urgente atención de disponer las cuentas de mi administración del diezmo que debo rendir; me impide aceptar la superior comisión que el señor Gobernador Político Interino de esta Provincia ha tenido la bondad de concederme por su decreto precedente”.
Total, el juego de influencias y parcelas de poder impidieron llevar a cabo la aplicación correcta e la justicia.